La otra cara del género expuesto por El Covid – 19

    En el presente texto se  busca dar a conocer sobre la emergencia derivada del COVID-19 ya que está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. Las lecciones que han dejado la reciente pandemia han demostrado que la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia no es una cuestión menor. Al contrario, no considerar un enfoque de género profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir.

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    Es el estrés, la perturbación de las redes sociales y de protección, y el menor acceso a los servicios básicos o tecnológicos pueden aumentar el riesgo de violencia contra la mujer. A medida que se implantan las medidas de distanciamiento y se pide a las personas que se queden en casa, es probable que el riesgo de violencia de pareja aumente y solo por poner un ejemplo: La probabilidad de que las mujeres que están en una relación de maltrato y sus hijos e hijas estén expuestos a la violencia aumenta enormemente conforme la familia pasa más tiempo en contacto estrecho y hace frente a un mayor estrés y a posibles pérdidas económicas o del trabajo.

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    La violencia contra la mujer tiende a aumentar en cualquier tipo de emergencia, incluidas las epidemias. La probabilidad de estar expuestas a más riesgos y tener más necesidades es mayor en las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad. Las mujeres desplazadas, las refugiadas y las que viven en zonas afectadas por conflictos son particularmente vulnerables.

    Una política pública con enfoque de derechos humanos es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitoreo y evalúa -a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva- con el objetivo de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, y progresividad.

La protección se define como todas las actividades destinadas a garantizar el pleno respeto de los derechos de cada persona, de conformidad con el derecho aplicable, incluyendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados, bajo los siguientes principios: (unidas, 2020)

• Principio 1: Evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de nuestras acciones.

•   Principio 2: Velar por que las personas tengan acceso a una asistencia sin ninguna discriminación.

• Principio 3: Proteger a las personas de los daños físicos y psíquicos causados por la violencia y la corrección.

•  Principio 4: Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y recuperarse de los efectos de los abusos sufridos. (unidas, 2020)

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     El encierro de niñas genera un aumento de la violencia sexual en su contra y mayores complicaciones para mantenerse en procesos de escolarización. El confinamiento hace que las niñas estén más expuestas al abuso y la violencia, a lo que se adiciona el riesgo de abandono y exclusión escolar post pandemia. Los Estados deben garantizar su seguridad y apoyo adicional para minimizar el aumento de los riesgos de violencia y de abandono escolar una vez termine el confinamiento. Las clases escolares en línea sean niveles primario, secundario y terciario deben incluir información sobre recursos disponibles para denunciar casos de violencia y más aún si es violencia sexual pues el equipo docente/académico debe recibir preparación para atender estas situaciones e identificar situaciones de riesgo de violencia o de abandono y exclusión de forma remota.

 

La estrategia consiste en abordar las posibles vulneraciones de derechos promoviendo una respuesta desde los mecanismos estatales competentes. El sector de protección cumple un rol de vigilancia y asesoramiento para que la respuesta del Estado no deje a nadie atrás. Para ello, se trabajará de manera cercana con el Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES), la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), la Defensoría del Pueblo (DPE), los Consejos Cantonales de Protección de Derechos (CCPD) y la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, quien preside el Gabinete Sectorial Social (STPTUV). Abogacía para promover que la respuesta a la emergencia sanitaria contemple de forma integral la protección de los derechos humanos de todas las poblaciones afectadas, independientemente de su nacionalidad, estatuto legal, sexo, orientación sexual, origen étnico o cualquier otra condición. (unidas, 2020)

     Los servicios de atención y protección a la violencia contra las mujeres no están diseñados para responder ante la situación derivada de la emergencia COVID-19. Los servicios también deben adaptarse para asegurar el acceso de las mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional, y superar las dificultades para llegar a las zonas rurales22, así como adecuarse a las necesidades específicas en cada territorio. Las brechas entre el número, disponibilidad y capacitación especializada de la policía y las fuerzas de seguridad entre lo urbano y lo rural pueden crear un vacío en el Estado de derecho en las comunidades rurales, remotas o marginales, que enfrentan menor acceso a todo tipo de servicio público, lo que puede empeorar el riesgo y la situación de las mujeres víctimas de violencia23. “El confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores” 11 Violencia contra las mujeres y las niñas Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) Igualmente, los servicios deben contar con rutas de acción para asegurar la seguridad de las mujeres en riesgo durante la emergencia, adaptando los protocolos de actuación para reforzar su eficacia durante el periodo de crisis. Una medida relevante en este periodo especial es la extensión automática de medidas judiciales de protección y de medidas cautelares a mujeres víctimas de violencia, que ya han adelantado muchos de los gobiernos de la región24. En relación a los servicios de atención, los gobiernos pueden mejorar la capacidad de acceso a la telefonía inteligente y a la mensajería silenciosa, mencionadas como medidas novedosas. Es necesario declarar servicios indispensables y esenciales las líneas de atención a la violencia y centros de orientación y atención psicológica, psicosocial y jurídica existentes, y reforzarlos, garantizando su acceso a recursos para afrontar la situación excepcional.

Conclusiones.

     Se requiere afrontar la emergencia sanitaria dando un especial énfasis en la atención digna a las poblaciones más vulnerables. También es esencial visibilizar el trabajo realizado por las mujeres que se encuentran en la primera línea de la atención sanitaria y por las mujeres dedicadas a las actividades que sostienen y reproducen la vida como: planchar, lavar, cocinar, limpiar, etc. Apoyar las medidas que las autoridades toman con el fin de prevenir y erradicar la violencia de género, la difusión de información oportuna y oficial saca de la ignorancia y en esa misma difusión pueden encontrar la ayuda deseada. Se debe también apoyar y valorar los esfuerzos realizados por los distintos equipos técnicos dedicados a la producción de datos e investigación desagregados por sexo, edad, área geográfica, etnia, etc. Ya que gracias a aquellos equipos técnicos sabemos la cruda verdad que hay que repararla de una vez por todas.

Referencias:

unidas, N. (abril de 2020). PLAN DE RESPUESTA COVID-19. Obtenido de file:///C:/Users/mayad/Downloads/20200430-EHP-ECUADOR-COVID-19%20(2).pdf